Vigilantes socialistas exigen al MIJ acabar con "mafias"

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Alejandro Rico pide al Gobierno nacional "ponerle el cascabel al gato

El Frente Socialista de Trabajadores de la Vigilancia y la Seguridad exige al Gobierno nacional "ponerle el cascabel al gato". Su directiva asegura que en más de una ocasión se ha reunido con representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo y la Asamblea Nacional para denunciar irregularidades en el sector y hoy día "sigue siendo la misma mafia" que mal paga al trabajador.

Alejandro Rico, vocero de la organización que agrupa ocho sindicatos y más de 20 mil vigilantes en el país, denunció que en la lista de 146 empresas autorizadas por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada (Darfa) para portar armas de fuego, aparecen al menos tres compañías, una de ellas de la Asociación Venezolana de Empresarios Socialistas, que no cumplen con los requisitos mínimos para tal fin.

Aseguró que Serenos Responsables C.A. (Sereca), MGH Protección Integral, C.A. y Seguridad Karlim 99 adeudan al Estado, en algunos casos, multas, pagos del Seguro Social, del ahorro de política habitacional o del Inces y tienen el aval para "operar lícitamente".

"La Dirección de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada del Ministerio del Interior (Digeservip) es el órgano rector de la vigilancia privada en el país. Si fiscaliza y permite este tipo de situaciones es porque hay negligencia o corrupción. Y en Darfa, algunos funcionarios se prestan para la componenda", advirtió Rico, tras aclarar que si bien el Decreto 699, emitido en 1975 por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, limita la actuación gubernamental en este sentido, existen otras normas como el Código Penal y la Ley de Armas y Explosivos que pueden aplicar. "¿Por qué no actúan conforme a ello? Porque no les conviene, hay mucho real de por medio".

Disfraz de revolución

El Frente Socialista de Trabajadores de la Vigilancia y la Seguridad no sólo ha participado en debates junto a empresarios y diputados, en torno a uno de los tantos proyectos de ley sobre la materia que ha considerado y engavetado la Comisión de Política Interior del Parlamento, sino que también este año consignó dos propuestas para normar el funcionamiento del sector y regular el sistema remunerativo de los vigilantes.

Según su diagnóstico, un sereno cobra mensualmente un estimado de mil 400 bolívares fuertes, incluyendo cesta tickets, trabaja alrededor de 72 horas por semana poniendo en riesgo su vida, y comúnmente sólo 25% de la nómina de las compañías de seguridad está registrada en el Seguro Social.

"Aquí no existe una revolución como tal. Existe un capitalismo que se disfraza de revolución en ciertos sectores. La vigilancia privada en Venezuela mueve dinero, influencias y hasta políticos que frenan los cambios para mejorar el sector", sentenció Rico.

Para más, "ahora quieren meter a la vigilancia en la Milicia", cuestionó Julio Paredes, de 60 años, miembro del Frente, con 15 años de experiencia como vigilante. "Una Milicia mal pagada, hambrienta, inconforme. ¿Qué Milicia es esa? Alguien dijo hace años que el soldado camina con su estómago".

Atribuyó el "olvido" del sector a que "90% de las empresas de vigilancia privada en el país sean propiedad de altos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional".

 

El Universal/Maria Daniela Espinoza